CSO LAS 300 TALAVERA DE LA REINA

NUEVO CENTRO SOCIAL “LAS 300” DE TALAVERA DE LA REINA (CSO)

Aprovechamos para informar sobre la apertura de un CSO en Talavera de la Reina, en dónde un grupo de jóvenes, llevan a cabo actividades educativas y de ocio de todo tipo.

En “Las 300” se llevan a cabo varias actividades entre ellas: video-forums que se realizan los miércoles de todas las semanas y los domingos con películas de todo tipo de cine. También es un espacio abierto para todo aquel que quiera participar y llevar algo de interés para compartirlo con toda persona que se acerque.
Los lunes se llevan a cabo las clases de Kick Boxing, llevadas a cabo por un profesor que conoce la materia.
Y otra serie de actividades como taller de malabares, de percusión, lectura…etc

Recordamos que a todo el mundo que quiera acercarse a participar de las actividades está invitado, son totalmente gratuitas, y también puede llevar a cabo cualquier taller que le guste y quiera compartir con el resto de los participantes, en un ambiente selecto en donde podrás compartir todo tipo de experiencias. Acércate se ubica en la C/ Segurilla (cerca de la taberna de Miguel).

Pagina de interes para todos aquellos que les interese saber sobre los centros de menores

http://www.centrosdemenores.com/?-Educacion,35-

En esta pagina encontrareis archivos de todo tipo de noticias relacionadas con los centros de menores. Es un lugar donde puedes encontrar dossieres en dónde abordarán diversos temas de interés y que hoy en día se desconocen.

La absurda muerte de Abdoulaye

La absurda muerte de Abdoulaye

A pesar de estar documentado como solicitante de asilo, con libertad para circular por territorio español, el Gobierno le prohibió cruzar el Estrecho y murió al intentarlo oculto en los bajos de un camión
07.05.2010 · Lydia Molina FacebookMeneameDiggTwitterBitacoras.
Abdoulaye Kone en una foto tomada con el móvil de un amigo (El Faro de Ceuta)
Abdoulaye Kone vino a España huyendo. Huyendo de la violencia de Costa de Marfil. Su madre fue asesinada y él fue secuestrado por un grupo armado que iba a reclutarlo como niño soldado, dice el papel con el que solicitó a España el asilo en octubre del año pasado. Tenía 20 años y la misma esperanza que muchos otros, vivir tranquilo, papeles y trabajo. Por eso se jugó la vida enganchándose a los bajos de un camión el lunes pasado en Ceuta, quería llegar a la península. No le salió bien, se cayó del vehículo en marcha a la altura de Manilva, en Málaga, y murió justo cuando ya había cumplido su sueño.

Hasta entonces había vivivo en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta junto al resto de inmigrantes que esperan llegar a Europa. Ellos, sus compañeros y amigos, lo recordaron el miércoles en una concentración vistiendo brazaletes negros. Las tragedias de los que mueren intentando cruzar el Estrecho escondidos en coches y camiones son habituales, pero es que, además, a Abdoulaye el Gobierno le había admitido su solicitud de asilo a trámite. Cuando murió el joven llevaba en el bolsillo la tarjeta amarilla, un documento expedido por el Ministerio del Interior que autoriza su estancia temporal y su libre circulación por España hasta que obtenga una respuesta definitiva sobre su caso. Según cuentan sus compañeros, no era la primera que se ocultaba en los bajos de un camión, pero en otras ocasiones la Guardia Civil lo había encontrado.

Hasta enero, todo el que tenía ese documento podía coger un ferry desde Ceuta y Melilla pero desde principios de año el Gobierno, como venimos contando en periodismohumano, está prohibiendo viajar a la penísula desde ambas comunidades autónomas (aunque estas sean también territorio español) a los solicitantes de asilo admitidos a trámite como Abdoulaye, basándose en el Código de Fronteras Schengen. Organizaciones como La Comisión de Ayuda al Refugiado, Amnistía Internacional, ACNUR o El Defensor del Pueblo han denunciado que se trata de una medida ilegal. CEAR han presentado ante los juzgados más de 80 recursos de protección de los derechos fundamentales que, consideran, no están siendo respetados.

Abdoulaye pensaba que aunque no le dejaran coger un ferry una vez en la península su documentación le permitiría vivir legalmente hasta saber si era reconocido como refugiado o no.”Si la policía lo hubiese parado aquí, mostrando su tarjeta amarilla no hubiese tenido problemas” cuenta José Manuel Monchón de CEAR. ¿Podría haberse evitado esta muerte? “Nunca podemos prejuzgar, pero lo que sí es cierto es que si este chico hubiese tenido todas las garantías que recoge la ley hubiese podido acceder a la península por un medio de transporte normal, no de la manera como lo ha hecho, de forma clandestina y arriesgando su vida”.

“Es gravísimo que este hombre que ha sobrevivido a una guerra, que ha pasado escondido junto a camiones con soldados armados que podrían haberle disparado en cualquier momento y que ha venido a España pidiendo asilo sea precisamente aquí donde no consiga sobrevivir” denuncia José Palazón de la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein), que trabaja a diario con la inmigración en Melilla, “huyó de su país y una orden ilegal del Gobierno le obliga a huir de Ceuta si quiere salir a pesar de estar documentado y tener el derecho de irse cuando quiera”. Prodein estudia emprender acciones legales por la muerte de este joven.

Kamel también se la jugó pero tuvo suerte y ahora vive en una ciudad costera española. Él fue el primer solicitante de asilo admitido a trámite al que la policía prohibió montarse en el ferry cuando ya tenía comprado el billete, arriesgó su vida escondiéndose en un container de un barco que salió de Melilla hace unos meses. “La policía le ha parado alguna vez pero ha enseñado la tarjeta y no ha tenido problemas” nos cuenta un amigo por telefóno, Kamel todavía no habla bien español. Muchos de los solicitantes que esperan en los CETI de Ceuta y Melilla se plantean seguir los pasos de Abdoulaye y Kamel, aunque esté su vida en juego. “Son chavales que han vivido situaciones muy difíciles, ahora se ven con un permiso de residencia en el bolsillo y sabiendo que en cuanto lleguen a Málaga podrán vivir tranquilos” hasta que se resuelva su solicitud. “¿Cómo no van a arriesgarse?” se pregunta Palazón.


El Defensor del Pueblo está investigando el caso de Abdoulaye. CEAR ha exigido que “las autoridades actúen inmediatamente para que no siga siendo vulnerado el derecho fundamental de los solicitantes de asilo”, la organización ha sido quien ha puesto nombre y apellidos a la muerte de Abdoulaye. “En los medios aparece como un inmigrante más aplastado por la rueda de un camión” afirma José Palazón de Prodein. “Uno más, y no se le da la importancia que tiene. Hoy cuando escucho a la gente hablar de los tres que han matado en el banco de Grecia, lo lamento y pregunto si conocen la del chico del camión. Él no era banquero y no se habla de ello. Son muertes de diferente categoría”.

Dos visiones
•El Gobierno: En su artículo 5, la directiva Schengen recoge que “España mantendrá controles (controles de identidad y de documentos), en las conexiones marítimas y aéreas provenientes de Ceuta y Melilla que tengan como único destino otro punto del territorio español”. Como Ceuta y Melilla no pertenecen al espacio Schengen, según el Gobierno, los extranjeros que acceden a ellas no pueden entrar en la Unión Europera si no están documentados, por eso estos solicitantes de asilo no pueden cruzar el Estrecho.
•Las organizaciones sociales como CEAR, AI, Prodein, ACNUR denuncian que es ilegal porque los solicitantes tienen la tarjeta amarilla, documentación expedida por el Ministerio del Interior que les autoriza a permanecer y circular libremente por España hasta que el Gobierno dé una respuesta definitiva a su caso

CENTRO DE MENORES GALAPAGAR

El Centro de Galapagar reconoce que se inmoviliza por la fuerza a los jóvenes
Europa Press | Collado Villalba
Actualizado miércoles 19/05/2010 16:04 horasDisminuye el tamaño del texto Aumenta el tamaño del texto
La directora del centro de menores de Galapagar, que está siendo investigado por la Justicia por presuntos malos tratos, ha reconocido durante su declaración que cuidadores sin título y sin ningún tipo de experiencia tienen potestad para inmovilizar a la fuerza a los chavales, así como que se prescriben fármacos a los chicos y se autorizan contenciones mecánicas con correas de sujeción con la autorización de un psiquiatra vía telefónica.

Elena M., actual directora del centro, compareció esta mañana como imputada ante el juez de Instrucción número 7 de Collado Villalba, quien investiga cuatro denuncias presentadas por cuatro menores. Se le acusa de un delito de atentado contra la integridad moral, que supone el escalafón menor al delito de torturas.

En su declaración, la directora relató que a los educadores se les exige un título medio de prácticas sociales, mientras que los cuidadores no necesitan ni siquiera experiencia para trabajar en el centro. Tanto educadores como cuidadores tienen facultad de practicar una contención física a los chicos si así se requiere, torciéndoles el brazo para inmovilizarles.

La imputada señaló que en el mismo centro se da un curso de formación a los empleados sobre cómo actuar en el caso de contenciones físicas (inmovilizaciones), químicas (fármacos) y mecánicas (correas de sujeción). "Para la contención física, no hace falta la autorización de un médico o psiquiatra. Para la mecánica, es necesaria una autorización del psiquiatra que les ha tratado", expuso la directora, quien indicó que el visto bueno se puede dar por teléfono.

Abogados de menores no descartan pedir más imputaciones
El abogado de los menores, Endika Zulueta, aseguró que las contenciones tienen que hacerse en casos muy especiales y en presencia de un profesional. "No hablamos de menores con medidas judiciales, sino chicos que se encuentran en una situación de desprotección", reseñó.

Además, manifestó su preocupación por la declaración de la imputada, puesto que puso de manifiesto que existe "una situación normalizada cuando se trata de malos tratos". "Son menores frágiles, con patologías delicadas y requieren de terapias especializadas y personalizadas. En cambio, reciben una respuesta brutal que les impedirá ser adultos normales en un futuro".

Zulueta aseguró que no descarta solicitar la imputación de algún responsable de la Comunidad de Madrid, puesto que el centro depende de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. La Comunidad de Madrid defiende que el sistema de sujeción se enmarca dentro de un protocolo homologado, algo que cuestiona el letrado.

"Se trata de una cuestión de política social. Aquí hay dinero público y es responsabilidad nuestra conocer que pasa ahí y por qué no se exige ningún tipo de titulación o experiencia a muchas personas que tratan a estos chicos", recalcó.

Abusos a menores
El Juzgado de Instrucción número 7 de Collado Villalba investiga a este centro a tenor de una denuncias presentadas el pasado diciembre por dos chavales en las que se declaran víctimas y testigos de los abusos que los educadores del turno de tarde cometieron contra ellos y una quincena de menores.

Entre los abusos, destacaban contenciones, agresiones, insultos o castigos injustificados, alegando el centro que se trataba de "medidas cautelares". Los denunciantes estuvieron ingresados hasta cumplir la mayoría de edad.

"Los chicos están bien y contentos porque la denuncia haya salido adelante. Pero están preocupados por los compañeros que no han alcanzado la mayoría de edad", indicó una de las abogadas de los menores.

En el proceso penal está imputado también el propietario de Salud Mental Consulting S.L., la empresa que gestiona el centro. No obstante, se trata de una concesión de la Comunidad de Madrid.

Declaran los menores
Las denuncias se presentaron el pasado 7 de diciembre. Según describe uno de los jóvenes, en esta institución desde febrero de 2007 hasta marzo de 2008, desde el principio de su internamiento, los educadores le obligaban a ducharse con agua fría, le daban golpes en la cabeza, le ataban a la cama durante noches enteras sin poder ir al baño o le administraban fármacos sin control médico.

Asimismo, asegura tener conocimiento de que por las noches, estos empleados, en lugar de hacer su trabajo, dormían en el centro dejando en desamparo a los menores.

La otra denuncia corresponde a J.A.G, interno en el centro de Galapagar durante tres años, de septiembre de 2005 a julio de 2008. El joven se declara víctima de castigos psíquicos, como la obligación a ducharse delante de los educadores.

Cuenta, además, que cuando pidió a uno de los empleados que respetara su intimidad, éste le respondió bajándose los pantalones y mostrándole sus genitales. Denuncia también que los educadores castigaban a los menores sin cenar o a permanecer en el jardín, durante horas y en pijama, a pesar de las bajas temperaturas.

J.C.V indicó que los malos tratos descritos en la denuncia ya los conocía antes de ingresar en el centro, por lo que muchos menores podrían dar testimonio de los mismos. "Me fui de allí cuando cumplí la mayoría de edad y decidí poner la denuncia el año pasado porque la cosa estaba muy mal y tenía que contar lo que yo había vivido. Sólo espero que cierren este centro y que tomen medidas contra los educadores que nos maltrataron", añadió.

Los abusos en varios centros terapéuticos de menores se dieron a conocer hace un año, tras la publicación de un informe del Defensor del Pueblo en el que destapaba estas conductas y en el que puso de relieve la necesidad de un protocolo común para todas las comunidades autónomas que regulara la atención de este colectivo de menores.